La colaboración entre ISS y una multinacional del sector telecomunicaciones ha permitido llevar a cabo un proyecto de retirada segura de amianto en más de 20 centros distribuidos por distintas provincias españolas. Esta actuación ha supuesto la eliminación de más de 400 m² de fibrocemento, un material que puede generar riesgos para la salud, y ha contribuido a la creación de entornos de trabajo más seguros, saludables y sostenibles.
El amianto, también conocido como uralita, fue durante años un material habitual en la construcción por sus propiedades aislantes. Sin embargo, su deterioro o manipulación libera fibras microscópicas que pueden provocar enfermedades graves como la asbestosis o el cáncer de pulmón. Por este motivo, tanto la Unión Europea como la legislación española han establecido normativas estrictas para su retirada, como la Ley 7/2022, que obliga a eliminar todos los materiales con amianto antes de 2032, y el Real Decreto 396/2006, que regula los trabajos con riesgo de exposición.
Gestión integral y especializada
La experiencia técnica de ISS, junto con su cobertura nacional y la colaboración con partners autorizados, ha sido clave para gestionar de forma integral un proceso complejo, que implica la coordinación de múltiples agentes —transporte, gestión de residuos, administraciones públicas— y que varía según la normativa de cada comunidad autónoma. Esta externalización ha permitido al cliente simplificar la gestión, reducir tiempos y costes, y garantizar el cumplimiento normativo en todas las fases del proyecto.
Sostenibilidad y valor añadido
Más allá del cumplimiento legal, la retirada del amianto representa una mejora directa en la seguridad y salud de las personas que trabajan en las instalaciones. Esta intervención también refuerza el compromiso ambiental de las empresas, al eliminar un material nocivo y avanzar hacia entornos más sostenibles.
Desde una perspectiva inmobiliaria, la eliminación del amianto contribuye a revalorizar los activos, al mejorar sus condiciones de seguridad y adecuación a la normativa vigente. Además, genera un impacto positivo en la reputación corporativa, al responder a las expectativas de los distintos grupos de interés: empleados, administraciones públicas, proveedores, sindicatos y sociedad en general.